Guillermo Michel impulsa la denuncia del convenio de doble imposición con el Reino Unido
El diputado nacional del peronismo entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley, difundido este 5 de septiembre, para dejar sin efecto el convenio que otorga beneficios fiscales a empresas del Reino Unido que obtienen rentas en la Argentina. La iniciativa insta al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar la denuncia del Convenio entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el capital. El acuerdo fue suscripto en Buenos Aires el 3 de enero de 1996 y aprobado mediante la Ley 24.727.
- Objeto: denuncia del convenio de doble imposición con el Reino Unido.
- Acuerdo: suscripto el 3 de enero de 1996 en Buenos Aires.
- Ley de aprobación: 24.727.
- Costo fiscal promedio para el fisco argentino: US$ 50 millones por año.
- Beneficiarios: más de 500 contribuyentes del Reino Unido.

Beneficios fiscales bajo la lupa
El Convenio de Doble Imposición otorga beneficios a las empresas inglesas que obtienen rentas en el país al establecer topes para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías. Ese tratamiento preferencial tiene un costo fiscal promedio de US$ 50 millones por año para el fisco argentino.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, más de 500 contribuyentes del Reino Unido han utilizado en los últimos años los beneficios fiscales del convenio, mientras que muy pocos argentinos han efectuado el beneficio de manera recíproca.
Malvinas, recursos naturales y coherencia bilateral
En el proyecto, Michel planteó que la defensa de la soberanía debe acompañarse de una política integral y coherente respecto del Reino Unido. En ese sentido, recordó:
“Nuestro país cuenta desde hace años con instrumentos destinados a proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales. En particular, la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, estableció un régimen de prohibiciones y sanciones aplicable a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.”
El legislador sostuvo que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas ilegítimas debe ser acompañada por una política integral que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral.
La postura de Michel ante el Reino Unido
“Si el Gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, expresó. A su vez, subrayó que el Reino Unido continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales —petróleo y pesca— en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país.
Para Michel, la persistencia de acciones unilaterales británicas resulta incompatible con el mantenimiento de un régimen bilateral que otorga beneficios tributarios recíprocos. “Hay más de 500 contribuyentes del Reino Unido que han utilizado en los últimos años los beneficios fiscales del Convenio, y muy pocos argentinos que han efectuado el beneficio de manera recíproca. Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina”, afirmó.
Qué dice el artículo 31 del convenio
La denuncia propuesta por Michel se encuentra expresamente contemplada en el propio convenio. Su artículo 31 establece que cualquiera de los Estados contratantes puede denunciarlo por canales diplomáticos mediante una comunicación efectuada con al menos seis meses de antelación a la terminación del año calendario. Además, determina los plazos a partir de los cuales la denuncia produce efectos respecto de los distintos tributos.
Finalmente, el diputado concluyó: “No resulta coherente proclamar el endurecimiento de las sanciones frente a quienes participan de la explotación ilegítima de recursos naturales argentinos y, al mismo tiempo, mantener inalterados instrumentos que conceden beneficios tributarios en la relación económica bilateral con el Reino Unido”.