La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo al ex titular del INET y actual jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, en una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir del pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.
También fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante por hechos ocurridos entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, cuando se desempeñaban en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación y Deportes.
La imputación sostiene que, desde sus funciones, realizaron contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.
La maniobra consistió en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. Sin embargo, la fiscalía entendió que los fondos fueron utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.
De acuerdo al requerimiento fiscal, la operatoria se apoyó en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de “expedientes especiales” que no fueron registrados en los sistemas informáticos habituales del organismo.
La fiscal consideró que las evidencias reunidas, entre ellas documentación remitida por la Oficina Anticorrupción y expedientes administrativos del INET, resultan suficientes para sostener el estándar de sospecha exigido para la convocatoria a indagatoria.
Los imputados deberán responder por hechos que podrían configurar defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa incorpore nuevas calificaciones penales.
La indagatoria del 3 de marzo marcará un hito clave en esta causa, donde los acusados tendrán la oportunidad de presentar su defensa ante la justicia federal.
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