Una medida judicial que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario desencadenó pases de factura en las filas del oficialismo por el manejo del Congreso, según informó Agencia Noticias Argentinas. La discusión se dilató en el Parlamento y se desperdició un principio de acuerdo con los rectores para sancionar una nueva ley que no comprometa las cuentas públicas.
Esta nueva normativa, que el Gobierno siempre habló de prioritaria y que debía ser discutida en marzo, había sido enviada al Congreso en el marco de un acuerdo político que buscaba además la aplicación de la ley vigente, considerada inviable desde el punto de vista presupuestario.
El entendimiento era de por sí frágil, dada la complejidad del tema y la diversidad de actores involucrados. Sin embargo, hubo avances gracias a las conversaciones con los rectores más representativos del Consejo Interuniversitario Nacional.
En ese contexto, la interna dentro del oficialismo terminó afectando el curso legislativo y volvió a poner en el centro de la escena la estrategia de La Libertad Avanza en el ámbito parlamentario. El tratamiento del proyecto se dilató y ni siquiera llegó a ser dictaminado en comisión, pese a que funcionarios que monitorean números presupuestarios pidieron celeridad.
En paralelo, y en medio de movimientos en el ámbito judicial vinculados al juez Juan Bautista Mahiques, sectores del oficialismo apostaron a obtener un fallo favorable que evitara la necesidad de sostener el acuerdo legislativo.
Esa expectativa derivó en una estrategia de “postergación” y, confiados en un eventual respaldo judicial, impulsaron gestiones en tribunales mientras se enfriaba el tratamiento parlamentario.
Como consecuencia, el acuerdo político comenzó a erosionarse. Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el consenso alcanzado. El paso del tiempo sin avances concretos en el Congreso terminó por desarticular el respaldo necesario para sancionar la ley.
Para muchos actores, este fallo adverso dejó al descubierto las falencias en la conducción política del proceso y reavivó las críticas por la falta de gestión parlamentaria en un tema de alta sensibilidad institucional.
La situación derivará en consecuencias de todo tipo y color para la administración libertaria en el corto plazo en términos financieros, según el análisis de los hechos. El manejo del Congreso y la expectativa fallida en el ámbito judicial han puesto en evidencia desafíos estratégicos en la gobernabilidad.
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