Cipriani se Desvincula de Acusaciones por Presunto Encierro de Trabajadores
El caso de los obreros peruanos supuestamente encerrados en el proyecto de reconversión del ex Hotel San Rafael en Punta del Este ha generado una fuerte conmoción. La empresa Cipriani Ocean Resort, Residences & Casino emitió un comunicado oficial desligándose de las denuncias, atribuyendo la responsabilidad a la constructora principal y sus subcontratistas.

Los Hechos y la Denuncia Policial
La situación salió a la luz tras la viralización de un video en TikTok que mostraba a nueve trabajadores aparentemente «enjaulados» en su alojamiento. La denuncia policial fue presentada el 22 de enero ante la comisaría de Maldonado, acusando al propietario de la empresa subcontratista Wasi de privación de libertad agravada en contexto laboral.
«Les trancaban la portera para que no pudieran salir del predio», detalló Michael Pistone, secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en Maldonado.
Responsabilidades en la Cadena de Contratación
- Empresa Desarrolladora: Cipriani afirmó no participar en la contratación ni administración de los trabajadores, señalando que la ejecución corresponde a la constructora a cargo.
- Constructora Principal: CRIBA S.A. Uruguay, filial de la firma argentina con más de 70 años de trayectoria, asume responsabilidad solidaria según la legislación uruguaya, pero rechazó las acusaciones argumentando que los hechos ocurrieron fuera del ámbito directo de la obra.
- Subcontratista: Wasi, empresa peruana especializada en pisos de madera sostenible, fue la empleadora directa de los obreros. El SUNCA declaró a su propietario «persona no grata».
Investigaciones en Curso y Postura de las Autoridades
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay, bajo la dirección del inspector general Luis Puig, ha realizado inspecciones en el sitio. La investigación continúa en curso y podrían aplicarse sanciones si se confirman violaciones. Cipriani, por su parte, se puso a disposición de las autoridades uruguayas para colaborar y reafirmó su compromiso con el respeto de la legislación laboral.
El caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en las cadenas de subcontratación para megaobras inmobiliarias que emplean mano de obra extranjera en la región.