Impugnación formal contra designaciones en la Auditoría General
El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, presentó este lunes 22 de diciembre una impugnación ante la Auditoría General de la Nación (AGN) contra las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cintia Pamela Calletti, al considerar que los actos adolecen de inconstitucionalidad e ilegitimidad.

Fundamentos legales y procedimiento cuestionado
Según el escrito dirigido al presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, las designaciones dispuestas por la Resolución 7018-D-2025 se encuentran actualmente cuestionadas ante la Justicia mediante una acción de amparo en trámite.
Ritondo señaló que la causa, caratulada “Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo”, tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, lo que, a su juicio, torna improcedente consolidar los efectos de los actos impugnados hasta que exista una resolución judicial firme.
Inconsistencias en el proceso y vulneración de normas
- Competencia funcional: Las designaciones carecen de la competencia funcional requerida.
- Debido proceso parlamentario: Se vulnera el procedimiento parlamentario establecido.
- Principio de legalidad: Los actos contravienen este principio fundamental, determinando su nulidad.
El legislador remarcó una incongruencia temporal clave: la resolución impugnada tiene fecha 17 de diciembre, mientras que la votación se realizó a las 02:55 horas del 18 de diciembre, lo que evidencia, a su criterio, la ilegalidad del procedimiento.

Alerta sobre el equilibrio institucional
Ritondo sostuvo que la situación surge de una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios. Alertó que convalidar estas designaciones afecta directamente el equilibrio institucional y el rol de los órganos de control.
Pedido formal a la AGN
En su presentación, el diputado del PRO solicitó expresamente que la AGN se abstenga de consolidar los efectos de las designaciones cuestionadas y adopte todas las medidas necesarias para preservar la legalidad institucional, sin perjuicio de lo que finalmente resuelva el Poder Judicial.
La impugnación busca preservar la integridad de los procedimientos y el marco legal que rige a los órganos de control del Estado.