El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) enfrenta una crisis terminal que lo llevó de un superávit de $2.960 millones a fines de 2023 a una deuda estimada entre $126.000 y $250.000 millones, afectando prestaciones esenciales como cirugías programadas en todo el país.
En 2024, el Directorio autorizó un préstamo de $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), operación cuestionada que se habría utilizado para cancelar deuda previa. A marzo de 2025, informes técnicos reconocen una deuda de $126.526 millones, aunque fuentes sindicales la elevan por encima de los $160.000 millones.
Los recortes ya afectan a los afiliados: en Mar del Plata, se reprogramaron cirugías no urgentes, y hay denuncias por faltante de medicamentos para VIH, diabetes y cáncer, suspensión de reintegros y vaciamiento de farmacias.
La crisis de gobernanza es evidente con tres presidentes en 18 meses: Oscar Sagás, Roberto Fiochi y, desde junio, Betina Surballe. El ministro de Defensa, Luis Petri, es señalado como responsable político por no gestionar fondos a tiempo.
La situación se enmarca en el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculada a la droguería Suizo Argentina, proveedor clave de IOSFA. El ministro de Transformación Estatal, Federico Sturzenegger, es acusado de desmantelar auditorías internas.
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