Crisis en Sistema de Discapacidad: Arroyo Exige Implementación de Ley Vetada

Colapso en la Atención a Personas con Discapacidad en Argentina

El diputado nacional Daniel Arroyo alertó sobre la grave crisis que afecta al sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina y exigió la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Poder Ejecutivo pese a su aprobación con amplia mayoría en el Congreso.

Situación Actual: Sistema Colapsado

Arroyo fue contundente en sus declaraciones: “Hoy el sistema está totalmente colapsado. Las personas no acceden a tratamientos, a medicamentos, a terapias ni a traslados”. Además, destacó que hogares y centros de día funcionan con rifas y ferias americanas debido a la falta de recursos.

Críticas al Veto Gubernamental

El legislador cuestionó duramente la decisión del Gobierno: “No entiendo por qué el Gobierno la vetó. No tiene impacto fiscal, no logro comprender qué se les ocurrió”. Subrayó que la ley fue votada ampliamente en Diputados y el Senado, y ahora solo falta que la Cámara alta rechace el veto.

Problemas Concretos: Ejemplo de Transportistas

Arroyo ilustró la crisis con un ejemplo: “Un transportista cobra 541 pesos el litro de nafta, cuando en realidad cuesta 1.500 pesos. Por eso, en vez de llevar a la persona cinco días por semana al tratamiento, con suerte la lleva dos”.

Denuncia de Corrupción y Precariedad

El diputado denunció el contraste brutal entre la precariedad del sistema y las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mencionó audios con cifras de 500.000 o 800.000 pesos en supuestas coimas, mientras los acompañantes terapéuticos pedían aumentos mínimos.

Auditoría y Recortes Indiscriminados

Arroyo afirmó que la auditoría en la Agencia tuvo como único objetivo “recortar pensiones de manera indiscriminada”. Señaló que el 40% de los telegramas no llegó a destino y calificó el proceso como “un escándalo armado”.

Llamados a la Acción Urgente

Para la próxima semana, Arroyo exigió dos medidas:

1. Que el Senado rechace el veto para que la ley entre en vigencia.
2. Que avancen las investigaciones judiciales y legislativas sobre los audios de corrupción.

“El Estado se ha corrido de donde no puede correrse: la atención a las personas con discapacidad”, concluyó el diputado.