La Corte Suprema de Justicia ha dado curso a una demanda presentada por la provincia de Chubut contra el Estado Nacional, en la que se cuestiona la validez de dos leyes del marco regulatorio eléctrico que, según la administración provincial, vulneran su dominio sobre los recursos naturales y afectan a la central hidroeléctrica Futaleufú.
El reclamo, impulsado por el gobernador Ignacio Torres junto al fiscal de Estado Andrés Giacomone, busca que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 15.336 y 24.065. La presentación sostiene que ambas normas lesionan “en forma manifiestamente ilegal y arbitraria” el derecho de la provincia sobre los recursos naturales existentes en su territorio, incluidos los cursos de agua.
La provincia argumentó que es la única con potestad para decidir sobre la concesión, prórroga o explotación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuya concesión original —otorgada en 1995 a la empresa Aluar— vence en junio de 2025. En septiembre pasado, el Gobierno Nacional prorrogó transitoriamente esa concesión por 90 días, con el objetivo de realizar una nueva licitación y garantizar la continuidad operativa de la central.
Este caso subraya la disputa por la autonomía de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, un tema crucial en el ámbito legal y político argentino. La resolución de la Corte Suprema podría sentar un precedente significativo para futuros conflictos similares.
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