El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló en su último informe que solo permanece vigente el 8% de las políticas de cuidado desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El estudio documenta que 2.866.000 personas perdieron al menos una prestación social de la que eran beneficiarias.
Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, detalló a Noticias Argentinas que solo 4 de 50 políticas nacionales de cuidado continúan activas. Las supervivientes son transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, aunque resultan «sumamente insuficientes».
El informe expone que los jubilados «deben elegir entre comer o medicarse». Quienes reciben la jubilación mínima más el bono necesitan $45.000 adicionales mensuales para evitar la pobreza. Además, 800.000 personas mayores perdieron cobertura de medicamentos de PAMI.
La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió recortes presupuestarios, resultando en:
El documento alerta sobre el «desfinanciamiento de políticas de socialización del cuidado infantil» y el desmantelamiento de programas de educación sexual, incluyendo interrupción voluntaria del embarazo y acceso a anticonceptivos, lo que «reproduce desigualdad» a largo plazo.
De la Vega destacó la eliminación de políticas correctivas de desigualdades:
«La única condición para ingresar al mercado laboral es la idoneidad»
, concluyó la especialista.
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