Con el Congreso en pausa por el receso de invierno, es inevitable realizar un balance sobre la producción legislativa del oficialismo en el primer semestre del año. Durante ese período, el Gobierno logró sacar adelante leyes muy importantes como la reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, y la media sanción del Super RIGI en Diputados. Sin embargo, la contracara de este diagnóstico es que el oficialismo se había propuesto avanzar a mucho más rápido y a fondo, y hasta el presidente Javier Milei había prometido en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo enviar paquetes de proyectos en forma de oleadas mensuales. Nada de ello ocurrió, tanto por las sobreexpectativas como por las recurrentes crisis políticas autoinfligidas, principalmente por la persistencia en el tiempo del caso Manuel Adorni.
En la Cámara de Diputados la historia del primer semestre comenzó con las sesiones extraordinarias de febrero. El 12 de febrero se votó el Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de imputabilidad a los 16 años. A la semana siguiente, el 19 de febrero se aprobó una ambiciosa reforma laboral. El 27 de febrero ambas iniciativas fueron convertidas en ley por el Senado.
Al iniciarse el período 144 de sesiones ordinarias, la Cámara alta logró aprobar el 13 de marzo la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que flexibiliza condiciones de explotación económica. Fue convertida en ley el 8 de abril en Diputados.
La siguiente sesión en la Cámara baja tuvo lugar el 20 de mayo, cuando se logró avanzar con las medias sanciones de la ley «Hojarasca» y la reducción geográfica del régimen de subsidios al consumo de gas por zonas frías. Ambas iniciativas permanecen atascadas en el Senado.
El 24 de junio, Diputados celebró su última sesión del semestre, muy fructífera: se convirtió en ley el aval al plan de pago a grupos de acreedores por la deuda residual del 2001, y el Gobierno pudo sacar adelante su ansiada ley de Súper RIGI para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares. Este proyecto, orientado a proyectos de «industrias de frontera» como inteligencia artificial y biotecnología, aún debe convalidarse en el Senado.
Durante ese período, el Gobierno también sufrió la inercia atribuible a errores no forzados, como el escándalo que rodeó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. La oposición supo sacar rédito de ese estado de aturdimiento y encontró un elemento aglutinador para golpear al oficialismo. Esa agenda opositora logró tapar la agenda del oficialismo durante buena parte del primer semestre, poniendo un freno al ímpetu ultra reformista de la Casa Rosada.
En Diputados, el único tema impulsado por el Gobierno que tuvo actividad en las semanas previas al parate invernal fue la ley anti barrabravas , que celebró algunas reuniones de comisión. Con faja de clausura provisoria quedaron la ley de lobby, el proyecto para suscribir el acuerdo internacional en Patentes y los cambios a la Ley de Financiamiento Universitario.
El Senado, por su parte, además de procrastinar la aprobación de la Ley Hojarasca y la reducción del régimen de subsidios al gas por zonas frías, suspendió por cuarta vez la votación del proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada». Asimismo, dejó arrumbado el proyecto con modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad. El oficialismo demostró que no tiene ningún apuro en empujar la nueva ley de Salud Mental, ni en dar comienzo al tratamiento de los proyectos de derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y de prevención de la ludopatía digital.
Pese a que el semestre terminó con el freno de mano puesto en relación a la mayoría de los temas, el oficialismo se entusiasma con un segundo semestre parlamentario distinto a partir de agosto, aprovechando el envión anímico de un Gobierno que recuperó imagen e iniciativa después de haberse desprendido del peso muerto que significaba Adorni.
El debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de «shutdown» del Estado, sumado a la reforma electoral y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, conforman el núcleo del repertorio inicial con el que el Gobierno busca despegar en materia legislativa. Esa agenda se podría nutrir además de algunos de los temas pendientes como la nueva Ley de Sociedades Generales que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El Congreso retomará su actividad en agosto, con la expectativa de retomar el ritmo reformista.
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