Este 1 de diciembre, en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, el embajador argentino Diego Sadofschi presentó una formal denuncia contra el gobierno venezolano por violaciones a los derechos humanos y pidió el arresto de los líderes Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Sadofschi indicó que la situación en Venezuela “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024”, exigiendo una atención inmediata. Entre los crímenes denunciados se incluyen:
El funcionario argentino solicitó “investigaciones rigurosas, pero expeditivas”, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra los principales responsables.
El representante venezolano en la CPI, Héctor Constant Rosales, respondió calificando al gobierno del presidente argentino Javier Milei como un “falso defensor” de los derechos humanos.
“El pasado 20 de noviembre, alrededor de la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el marco de la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina votó de manera vergonzosa contra los distintos compromisos que se han alcanzado en esa medida.”
Héctor Constant Rosales, representante venezolano en la CPI
Rosales instó a Argentina y a otros estados a concentrarse “positivamente en los trabajos de esta Corte” para avanzar constructivamente.
Diego Sadofschi solicitó nuevamente la palabra, rechazando los términos “agraviantes” de Rosales y recordando que Argentina “ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras” de los estados-partes.
El embajador argentino concluyó: “No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la CPI y una afirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela.”
Este enfrentamiento diplomático en la CPI resalta la polarización en torno a la crisis venezolana y subraya el rol de organismos internacionales en la protección de derechos humanos. La solicitud de arresto podría intensificar la presión internacional sobre el régimen de Maduro.
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