El Gobierno de Argentina ha creado la Comisión Nacional de Bioética mediante el Decreto 893/2025, con la responsabilidad de evaluar los aspectos éticos implicados en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la salud.
Esta nueva comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional, lo que permitirá ordenar el actual escenario caracterizado por fragmentación, superposición de funciones y competencias poco definidas. Para ello, el decreto dispone la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 pero que nunca estuvo plenamente operativa, y disuelve el Comité de Ética en Investigación y el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud.
La comisión tendrá como funciones principales:
Para garantizar su funcionamiento efectivo, la normativa establece que la Comisión deberá realizar al menos dos reuniones anuales. En ellas se trabajará sobre temas de interés detectados por la misma Comisión, por solicitud de particulares o dependencias de la Administración Pública, o por situaciones emergentes que requieran un abordaje bioético.
El organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, será presidido por el ministro de Salud, Mario Lugones, y estará conformado por seis miembros titulares y tres suplentes. Estos deberán ser especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía.
Todos desempeñarán sus funciones ad honorem. El Ministerio será responsable de designar a sus integrantes mediante un proceso público y transparente, dictar el reglamento interno y disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento.
El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, que estará integrado por representantes provinciales. Este consejo se encargará de acreditar a los comités jurisdiccionales, consensuar criterios, recopilar experiencias territoriales y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Con este esquema, se fortalece el trabajo federal y se ordena la interacción entre Nación y provincias, asegurando que todos los actores trabajen bajo estándares homogéneos.
Por medio de este nuevo diseño institucional, el Gobierno nacional busca garantizar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y coherencia en la adopción y aplicación de estándares internacionales. La creación de un organismo con competencias precisas, legitimidad institucional y funcionamiento efectivo permitirá establecer lineamientos claros para el desarrollo de tecnología aplicada a la salud, la investigación científica y la resolución de los eventuales problemas éticos que pueda enfrentar la legislación sanitaria y el ejercicio profesional.
Con esta iniciativa, Argentina fortalece su capacidad para responder a los desafíos éticos, morales y legales generados por el progreso científico y tecnológico en el ámbito de la salud.
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