En una medida orientada a profundizar el achicamiento de la planta estatal, el Gobierno Nacional de Argentina extendió la suspensión de las contrataciones en el sector público, aunque estableció una serie de excepciones estratégicas para áreas consideradas esenciales.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad.
La prohibición, detallada en el decreto 934/2025, alcanza específicamente a:
El decreto define una lista de áreas estratégicas o con regímenes especiales que quedan fuera de la suspensión general. Entre ellas se encuentran:
Para los casos en que se aplique la excepcionalidad, el decreto establece una relación de dos bajas por cada alta.
Las bajas computables incluyen renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos ocurridas durante 2026. Sin embargo, no se contabilizan las bajas producidas por planes de retiro voluntario u acuerdos de desvinculación.
Además, cada alta deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, consolidando así un control centralizado sobre el crecimiento del empleo público.
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