ADEPA advierte sobre los riesgos de una oficina estatal para combatir fake news en Argentina

ADEPA expresa preocupación por la nueva Oficina de Respuesta Oficial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó este 5 de febrero su preocupación por el lanzamiento de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una usina digital del Gobierno destinada a “desmentir” supuestas “fake news” y operaciones mediáticas de la prensa y de la oposición política.

“La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”

Así lo indicó la entidad en un comunicado, donde argumentó que “el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.

El riesgo de la vigilancia estatal sobre el periodismo

ADEPA alertó que “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.

Para la asociación, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes”.

Portada de un cuaderno académico sobre fake news y desinformación en América Latina
Material académico que aborda los desafíos de la desinformación, tema central en la crítica de ADEPA.

La postura oficial: combatir la desinformación con más información

Este jueves, la Oficina de Respuesta Oficial se presentó en la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Bajo la premisa de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, la Oficina planteó que su método será “combatir la desinformación brindando más información”, diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura.

“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”

La ciudadanía como juez final

ADEPA concluyó enfatizando que “son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información”.

“En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico”, remató la asociación, mientras el debate sobre los límites del Estado en la verificación de noticias continúa abierto.

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