El expresidente Martín Vizcarra declaró este viernes 22 de agosto de 2025 que su traslado al Establecimiento Penitenciario de Ancón II responde a un criterio político y no técnico, contradiciendo las recomendaciones de dos juntas calificadoras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Según relató Vizcarra, tras su internamiento inicial en el Penal de Barbadillo, el INPE envió una primera junta de calificación que determinó su permanencia en ese centro. Posteriormente, el miércoles 20 de agosto, se presentó un segundo grupo evaluador que coincidió en la misma recomendación.
«La propia junta me dijo que era por decisión política de otro nivel»
El exmandatario expresó su extrañeza ante la rapidez del proceso: «Después de una semana llegó una segunda junta de calificación […] ya desde ahí sentí algo raro que quieran clasificar a una persona en menos de una semana».
Vizcarra responsabilizó directamente al Gobierno de Dina Boluarte, argumentando que «el INPE depende del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia depende de la presidenta». Calificó su prisión preventiva como «arbitraria y abusiva», aunque afirmó acatarla por tratarse de una disposición judicial.
Este caso evidencia posibles interferencias políticas en decisiones técnicas del sistema penitenciario peruano, generando cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones.
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