Vacancia Presidencial en Perú: Análisis Constitucional y Críticas al Procedimiento

Análisis Constitucional de la Vacancia Presidencial en Perú

El abogado de la ahora expresidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, analizó en exclusiva los eventos ocurridos durante la madrugada del viernes 10 de octubre, donde se concretó la vacancia presidencial. Campos destacó que el procedimiento fue instrumentalizado por «congresistas candidatos» en el marco de una desesperada carrera electoral, buscando «aplausos» populares.

Procedimiento y Críticas Constitucionales

Según Campos, el Tribunal Constitucional (TC) estableció en sentencias anteriores que la causal de «incapacidad moral» requiere una determinación clara de hechos y medios probatorios. No se verificó el cumplimiento de estos requisitos durante el proceso de vacancia, lo que convirtió el argumento en una «simple narrativa».

• Tiempo de Defensa: A Boluarte se le otorgaron solo 56 minutos en la madrugada para preparar y presentar su defensa, mientras que a expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se les concedieron plazos razonables de hasta una semana.
• Base Legal: El reglamento del Congreso, interpretado a la luz del TC, exige que no basta con mayorías numéricas para vacar a un presidente; debe garantizarse el derecho a la defensa.

Contexto Político y Electoral

Campos señaló que los congresistas involucrados son «candidatos» que aprovecharon la impopularidad de Boluarte y el contexto de inseguridad ciudadana para ganar notoriedad política. Criticó que se haya realizado la vacancia a solo siete meses del fin del mandato, lo que consideró una «tentación terrible para el populismo».

«Lo que hemos visto ese día es materialmente un golpe de Estado. No haberle permitido el uso de la palabra y votar para sacarla del poder ha terminado siendo inconstitucional», afirmó Campos.

Impacto en la Institucionalidad Democrática

La decisión de vacar a una presidenta electa mediante votos populares, impulsada por congresistas con ambiciones electorales, representa un problema grave para la estabilidad democrática. Campos enfatizó que esto contribuye a una «vorágine sin fin» en la política peruana, con amenazas de vacancias reciprocas, como la mencionada contra el congresista José Jerí.

Investigaciones Jurídicas y Medidas Coercitivas

Respecto a las investigaciones contra Boluarte, Campos aclaró que las acusaciones por omisión en el control de la criminalidad no son constitucionalmente válidas, ya que la presidenta no es responsable directa de actos delictivos. Además, criticó la decisión de la jueza Delia Espinoza de abrir carpetas investigativas separadas, argumentando que carecían de justificación y eran «más de lo mismo».

• Archivo de Casos: El Congreso ya archivó imputaciones por genocidio y homicidio calificado, tras ser retiradas por la Fiscalía.
• Acciones Legales: Campos recomendó interponer una acción de amparo contra la decisión de limitar el tiempo de defensa, calificándola de «arbitraria e inconstitucional».

Finalmente, el abogado expresó su «tristeza y consternación» por un evento que priorizó intereses políticos sobre la institucionalidad, advirtiendo que «hoy se aplaude para luego lamentar».