El Tribunal Constitucional (TC) realizó una audiencia pública para evaluar si la Ley N° 32330, que permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, vulnera la Carta Magna.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por la Defensoría del Pueblo. A dicha pretensión, se sumaron el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otros.
En la sesión participaron representantes de cada institución. El congresista Alejandro Muñante, autor de la iniciativa, defendió la norma y cuestionó la eficacia del sistema de rehabilitación juvenil.
En tanto, un representante del Ministerio Público señaló que, según un informe de octubre último, solo un mínimo de adolescentes privados de libertad están implicados en delitos graves.
“Del universo de casos de adolescentes privados de su libertad, solo 21, de casi 1500 casos, están vinculados a imputaciones de extorsión. Solo dos al sicariato y solo uno a organización criminal”, puntualizó.
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