El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia que imponía 4 años y 8 meses de prisión a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible. Esta decisión también anula su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de Cerrón argumentó que la pena ya había sido cumplida, aunque persistía el debate sobre su inhabilitación política. 
Pese a este revés judicial, el exgobernador regional enfrenta una nueva orden de captura de 24 meses por presuntos aportes ilícitos a su partido. Actualmente se mantiene en la clandestinidad, según fuentes oficiales.
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