El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda presentada por el Ministerio Público contra la Ley 32130, norma publicada en octubre del año pasado que otorgaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de la investigación preliminar.
El máximo intérprete constitucional exhortó a ambas instituciones a elaborar protocolos de actuación interinstitucionales que implementen lo prescrito en el Código Procesal Penal, buscando «articular una estrategia permanente, eficaz y eficiente en la persecución del delito».
El TC precisó que «el MP conduce desde su inicio la investigación del delito», aclarando que durante la fase preliminar, los informes y precalificaciones jurídicas de la PNP no condicionan al fiscal en casos específicos.
El organismo autónomo enfatizó que el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde el inicio mediante la «vigilancia, orientación, supervisión y guía de la investigación policial», requiriéndose coordinación permanente mediante protocolos establecidos.
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