El Tribunal Constitucional (TC) extendió hasta 2030 el plazo para que el Estado peruano solucione el hacinamiento penitenciario, tras una solicitud de prórroga de 2 años y 7 meses por parte del Gobierno de Dina Boluarte.
El TC ordenó al INPE y al Ministerio de Justicia presentar informes anuales en enero, con avances concretos en:
Entre las acciones implementadas destaca la modificación de criterios para prisión preventiva, que benefició a figuras como el excongresista Kenji Fujimori.
«Garantizar el cumplimiento efectivo de la Política Nacional Penitenciaria»
– Fundamentación del TC
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