El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, con la que se buscaba anular el procedimiento parlamentario que dio lugar a su vacancia, ordenar su libertad y disponer su restitución en el cargo de jefe de Estado. La decisión, a la que accedió RPP, fue adoptada tras analizar los argumentos del ciudadano José Ponce Quispe, quien interpuso el recurso el 10 de marzo de 2025.
En su escrito, José Ponce Quispe sostuvo que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia del exmandatario, tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, es inconstitucional. Según el demandante, el procedimiento de vacancia no respetó la exigencia de obtener 104 votos prevista en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, vigente cuando ocurrieron los hechos. Asimismo, argumentó que el caso no se encuentra comprendido en los supuestos del artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones, y que el mensaje de Castillo no configuró un peligro real para el Estado, además de que no se le brindó la oportunidad de rectificarse.
El colegiado concluyó que los cuestionamientos al procedimiento de vacancia presidencial “no guardan una relación directa, concreta y negativa con la afectación del derecho a la libertad personal ni de los derechos conexos cuya tutela corresponde al hábeas corpus”. Además, recordó que en una sentencia anterior ya había establecido que el Congreso actuó con legítima celeridad al declarar la vacancia por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional de emergencia y en defensa del orden constitucional vulnerado por el exmandatario.
El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, tras declararlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por el fallido golpe de Estado. Además, cumple un mandato de prisión preventiva mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y otros, en el marco de los casos acumulados PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El TC dejó claro que el hábeas corpus no es la vía idónea para impugnar decisiones parlamentarias sobre la vacancia presidencial, reafirmando la validez del procedimiento seguido por el Congreso.
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