La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respaldó oficialmente el informe que propone inhabilitar por diez años el acceso a la función pública de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta. Esta decisión marca un hito en el proceso legislativo peruano.
El informe atribuye a los exfuncionarios una presunta participación en la preparación del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, señalado como un intento de quebrar el orden constitucional. En el caso de Chávez y Huerta, se sostiene que ambos habrían intervenido en la elaboración y el respaldo de ese pronunciamiento.
De mantenerse este camino en las instancias legislativas restantes, la sanción impediría que los tres investigados accedan a posiciones públicas durante los próximos diez años, impactando directamente en sus carreras políticas.
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