Los gobiernos de Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador expresaron su preocupación conjunta por la grave situación migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela. Esta declaración se produce en un contexto marcado por la suspensión del país caribeño del Mercosur, bajo el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
En un pronunciamiento oficial, los países firmantes exhortaron a las autoridades venezolanas a respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Este llamado se alinea con las advertencias formuladas por organismos de las Naciones Unidas sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el territorio venezolano.
El acuerdo fue adoptado durante una reunión celebrada el 20 de diciembre, con la participación de los presidentes de Argentina, Paraguay y Panamá, así como el canciller de Bolivia y altas autoridades de Ecuador y Perú.
Los gobiernos reafirmaron “su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”, subrayando así una posición regional común frente a la crisis.
La preocupación manifestada por estos seis países evidencia el profundo impacto que la crisis venezolana tiene en toda América Latina, no solo en términos de derechos humanos y democracia, sino también por las consecuencias migratorias y sociales que afectan a la estabilidad regional.
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