Roberto Sánchez niega vínculo con recorte de sueldos
El congresista Roberto Sánchez, líder de la bancada Juntos por el Perú, rechazó tajantemente este lunes cualquier participación en un presunto esquema de recorte de sueldos dentro de su despacho parlamentario. La declaración se produce luego de que el programa Cuarto Poder difundiera chats atribuidos a su exasesora Zoila Yauri Aquino, en los que se detallan descuentos mensuales a su remuneración entre 2021 y 2023.

Las pruebas presentadas
De acuerdo con el reportaje, los mensajes revelan que la exasesora habría entregado parte de su sueldo al congresista durante un período de dos años. Entre las conversaciones destaca un presunto mensaje enviado por el propio Sánchez en noviembre de 2021, cuando aún se desempeñaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo. En ese texto, el entonces funcionario le habría solicitado a Yauri el cumplimiento de compromisos económicos previamente acordados.
La respuesta del congresista
Desde el Congreso, Sánchez aseguró que en ningún momento solicitó transferencias de dinero a sus trabajadores. “Yo rechazo de plano que después de tantos años se quiera referir de esos trabajadores. Por eso creo que se tiene que investigar y yo seré el primero”, declaró a la prensa.
“Yo rechazo ese contexto de chats y todo. Creo que lo que corresponde es que, si me escribió, eso está en el informe con claridad, yo me someto a las investigaciones”.
— Roberto Sánchez, congresista
El parlamentario evitó confirmar o desmentir la autoría del mensaje de noviembre de 2021, y en su lugar remitió el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, que evaluará si inicia una indagación formal. “Me someto a las investigaciones”, reiteró.
Deslinde con su exasesora
Finalmente, Sánchez descartó cualquier acercamiento previo con Zoila Yauri respecto al caso. Según explicó, se enteró de la denuncia la misma noche en que se emitió el reportaje: “En absoluto. Recién me acabo de enterar”, sostuvo.
El caso se suma a las denuncias por el denominado ‘mochasueldo’ en el Congreso, y ahora queda en manos de la Fiscalía Anticorrupción determinar si existen elementos para abrir una investigación contra el legislador.