Durante la campaña de reelección de Susana Villarán en 2014, al menos 65 personas negaron haber realizado donaciones, aunque figuraban como aportantes en registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según investigaciones, estos ‘aportantes falsos’ formaban parte de un mecanismo para encubrir millones de dólares transferidos por las empresas Odebrecht y OAS para financiar la campaña. La fiscalía estima que se destinaron tres millones de dólares para la campaña del «No a la revocatoria» en 2013 y cuatro millones para la reelección.
Orlando Salazar Gamboa, Jorge Machuca Cerdán y Máximo Córdova declararon que nunca hicieron donaciones y denunciaron falsificación de firmas. Los investigados aseguraron no tener capacidad económica ni vínculos políticos para tales aportes.
La fiscalía acusa a Villarán de liderar una organización criminal dedicada a lavado de activos, asociación ilícita y cohecho. Marco Zevallos, personero legal de campaña, enfrenta pedido de 18 años de prisión por presentar informes falsos. Los aportes fraudulentos superan el millón de soles.
El juicio contra Villarán y sus colaboradores iniciará el 23 de setiembre, donde se presentarán pruebas sobre esta operación millonaria que contradice discursos públicos de transparencia.
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