Tras ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un plazo de seis meses, Delia Espinoza dejó de contar con el servicio de seguridad policial asignado a su cargo.
La Policía Nacional del Perú informó que Espinoza presentó una solicitud para mantener dicha medida la noche del viernes 19, horas después de confirmarse su suspensión. «El pedido viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley», señaló la institución.
El abogado de Espinoza, Luciano López, responsabilizó al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al director de la PNP de «cualquier atentado a la vida e integridad» de la funcionaria. López aseguró que Malaver tendría un «trato distinto» comparado con el caso de Patricia Benavides, quien habría mantenido su seguridad durante su suspensión por el Poder Judicial.
«Aténgase a las consecuencias jurídicas de su decisión», publicó López mediante la red social X.
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