El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha realizado una solicitud formal al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que convoque a elecciones complementarias. Este pedido busca incluir a los ciudadanos que, debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio en Lima Metropolitana, no pudieron ejercer su derecho al voto el 12 de abril.
Durante una manifestación realizada el pasado domingo en el Campo de Marte, en Jesús María, López Aliaga reclamó de manera enfática por los electores afectados.
“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”,
expresó el líder político.
Asimismo, el exalcalde de Lima advirtió que fijaba como plazo para que estas elecciones se desarrollen antes del domingo 3 de mayo, caso contrario –refirió– “no garantizaba nada”.
Al finalizar su discurso, López Aliaga aseguró contar con información respaldada por un peritaje judicial.
“Yo mismo, con un perito judicial, tengo la información, la cual está entrando esta noche a la Policía Nacional y a la Fiscalía del Perú”,
afirmó con determinación.
La candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular respaldó públicamente el pedido de López Aliaga.
“Estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López-Aliaga para que las personas que no votaron en ciertas mesas, que se aperturaron de manera tardía, (lo puedan hacer). El JNE puede implementar una elección complementaria”,
manifestó a la prensa.
Sin embargo, especialistas en derecho electoral coincidieron en que la propuesta es inviable desde el punto de vista legal. José Tello explicó a medios que “No hay posibilidad alguna porque no está bajo la normatividad vigente en materia electoral”.
Por su parte, José Naupari añadió:
“la Constitución establece un único supuesto de nulidad total: cuando los votos nulos o en blanco, sumados, superan los dos tercios de los votos emitidos”.
La solicitud ha generado un intenso debate sobre los mecanismos legales para resolver impugnaciones electorales. Mientras los candidatos presionan, la última palabra la tendrá el JNE, que debe evaluar la petición dentro del marco constitucional vigente.
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