El congresista Américo Gonza presentó una iniciativa que restringe las investigaciones contra altos funcionarios contemplados en el artículo 99 de la Constitución únicamente a fiscales y jueces supremos titulares.
La propuesta modificaría varios artículos del Código Procesal Penal, impidiendo que magistrados provisionales o supernumerarios intervengan en estos casos. El texto argumenta que la falta de estabilidad de estos funcionarios «afecta la transparencia del proceso penal».
La iniciativa ha generado cuestionamientos por su potencial impacto en la autonomía judicial, aunque sus autores defienden que fortalecerá la legitimidad institucional y reducirá la politización del sistema de justicia.
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