Audiencia Decisiva para Betssy Chávez
El Poder Judicial realizará este viernes 5 de septiembre a las 3:00 p.m. una audiencia virtual para evaluar la solicitud de extender la prisión preventiva contra Betssy Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo.
Detalles de la Audiencia
La diligencia estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley y se centrará en el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para prolongar la medida restrictiva por 15 meses adicionales.

Acusaciones y Contexto Legal
Chávez enfrenta cargos por el presunto delito de rebelión y, de manera alternativa, por conspiración, vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía alega que sería coautora del delito de rebelión, previsto en el artículo 346 del Código Penal, y solicita una condena de 25 años de prisión e inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos.
Historial de la Medida Cautelar
La exfuncionaria se encuentra bajo proceso penal desde junio de 2023, cuando se dictó en su contra una prisión preventiva de 18 meses, la cual venció el 19 de diciembre de 2024. El Ministerio Público pidió la ampliación un día antes del vencimiento, pero el Poder Judicial recién resolvió el 27 de diciembre, ocho días después de que culminara el plazo inicial.
Intervención del Tribunal Constitucional
Este retraso motivó que el Tribunal Constitucional (TC) calificara la situación como una “detención arbitraria”, al haberse producido un “exceso de carcelería preventiva”. En consecuencia, el 3 de septiembre ordenó su excarcelación inmediata, señalando que no se presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación.
Participantes en la Audiencia
Para la audiencia de este viernes, el juzgado ha establecido la participación obligatoria del representante del Ministerio Público y de la defensa de Chávez. En caso de que la exfuncionaria no logre conectarse, su abogado Raúl Noblecilla o un defensor público designado garantizarán su derecho a la defensa.