La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha sido habilitada para solicitar y acceder a una eventual reparación civil a favor del Estado peruano en el proceso seguido contra César de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista María Agüero. Ambos son investigados por la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los salarios de trabajadores del despacho parlamentario de la legisladora entre junio de 2022 y mayo de 2023, hechos por los que podrían ser condenados si se acredita su responsabilidad.
Esta decisión fue posible luego de que el juez Abel Centeno declarara fundado el pedido presentado por la defensa legal del Estado para constituirse como actor civil dentro de la investigación preparatoria que afrontan ambos exasesores. Según una resolución emitida el pasado 10 de junio de 2026, a la que tuvo acceso RPP, el juez concluyó que el pedido cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal. El magistrado también tomó en cuenta que ninguna de las partes procesales formuló oposición a la solicitud dentro del plazo establecido por ley, por lo que dispuso su admisión.
Como parte de su solicitud para constituirse en actor civil, la defensa legal del Estado planteó de manera preliminar que César de la Cruz y Edson Flores asuman el pago de una reparación civil no menor de S/662 mil en favor del Estado peruano, en caso se determine su responsabilidad en este proceso penal.
De acuerdo con la tesis fiscal, César de la Cruz y Edson Flores habrían cumplido el rol de presuntos recolectores y primeros receptores del dinero que, supuestamente, fue recortado de los salarios de 12 trabajadores del despacho de la congresista de Perú Libre, María Agüero. Como parte de un operativo ejecutado a inicios de noviembre de 2024, las autoridades también allanaron la vivienda y las oficinas de Agüero.
La legisladora es investigada por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que, en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, María Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.
El caso ‘Mochasueldos’ sigue generando expectativas en el ámbito político y judicial peruano, mientras la Procuraduría avanza en su rol de actor civil para recuperar los fondos públicos presuntamente desviados.
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