La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó un recurso de apelación ante el Poder Judicial para que se revoque la resolución que dispuso el archivo de la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), vinculada a los aportes para financiar la campaña de Alianza por el Gran Cambio en las elecciones presidenciales de 2011.
La defensa legal del Estado peruano interpuso la apelación contra la resolución emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho el pasado 14 de mayo, en la que se declaró “fundada” una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exmandatario. Dicha medida dispuso el “sobreseimiento” o “archivo” de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir atribuidos por la Fiscalía.
La apelación presentada se sustenta en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la correcta interpretación de la ley y la pluralidad de instancias. Como pretensión principal, solicita que se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa legal del exjefe de Estado.
El juez Richard Concepción Carhuancho decidió el pasado 22 de mayo “conceder” el recurso de apelación y ordenó su envío a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si el colegiado lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales, tras lo cual emitirá una decisión en los próximos días.
La investigación fiscal se inició luego de que el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, declarara ante la Fiscalía peruana que la empresa brasileña entregó 300 mil dólares provenientes del denominado “Sector de Operaciones Estructuradas” para la campaña de Alianza para el Gran Cambio.
El juez Concepción Carhuancho también resolvió “tener por no presentada” la apelación interpuesta por el Ministerio Público durante la audiencia del pasado 14 de mayo, debido a que la Fiscalía no cumplió con sustentar dicho recurso dentro del plazo establecido.
“El magistrado precisó que la situación jurídica de Susana de la Puente presentaría similitudes relevantes con la de Kuczynski, en tanto ambos habrían participado en los mismos hechos, aunque con roles distintos.”
El juez basó su decisión de archivar la investigación en una resolución de la Corte Suprema vinculada al caso de la empresaria bancaria Susana de la Puente, en la que se declaró fundado un recurso similar. En dicho pronunciamiento se ordenó el archivo al determinar que no se cumplió uno de los elementos objetivos del delito de lavado de activos, debido a que el dinero fue canalizado a través del sistema bancario, haciéndolo rastreable.
El juez Concepción Carhuancho remarcó que deben aplicarse las líneas jurisprudenciales ya establecidas por la Corte Suprema para garantizar seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones judiciales. Su decisión se sustenta en el principio de igualdad de trato en la aplicación de la ley, particularmente respecto a los tipos penales que regulan los delitos de lavado de activos agravado (Decreto Legislativo 986) y asociación ilícita para delinquir (artículo 317 del Código Penal).
Ahora, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá resolver si admite la apelación y convoca a audiencia virtual, lo que definirá el futuro del proceso penal contra el expresidente Kuczynski.
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