La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público ha presentado una denuncia penal que solicita investigar a Antauro Humala por la presunta comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública, en agravio del Estado peruano. La medida se enmarca en los hechos ocurridos durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026.
Además de Humala, la acción legal comprende al exministro de Salud Hernando Cevallos, a la periodista Claudia Cisneros y a otras seis personas identificadas como César Tito Rojas, Lucio Ccallo, Pavel Yábar, Andrea Valderrama, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar. Todos ellos fueron incluidos en el mismo expediente presentado ante el Ministerio Público.
La denuncia fue presentada por el procurador Moisés Vega de la Cruz ante la Fiscalía Corporativa Penal de Lima, con el objetivo de que se evalúe el inicio de una investigación preliminar contra los nueve involucrados.
Entre los principales sustentos del expediente figuran dos informes elaborados por la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Según la denuncia, dichos reportes identifican presuntas conductas de azuzamiento e incitación a la confrontación difundidas a través de plataformas digitales, lo que podría estar relacionado con una afectación a la tranquilidad pública durante el contexto postelectoral.
La Procuraduría también adjuntó registros fotográficos de las publicaciones y dos informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Toda la documentación fue remitida a la Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, que será la encargada de analizar el material y decidir si corresponde abrir diligencias preliminares.
Tras conocerse la medida, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció mediante sus redes sociales expresando su desacuerdo con la denuncia. En su publicación, sostuvo que no aceptará acciones que busquen afectar a quienes participan en la defensa de posiciones políticas y electorales. «No aceptaremos la criminalización ni el amedrentamiento de quienes ejercen la legítima defensa de los derechos democráticos», afirmó.
La Fiscalía deberá revisar los documentos remitidos por la Procuraduría antes de adoptar una decisión sobre el caso. Por el momento, la denuncia se encuentra en evaluación dentro del Ministerio Público.
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