El presidente de la República, José María Balcázar, ha cuestionado la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, señalando que el proceso se realizó sin licitación pública y bajo un esquema reservado que limitó la participación de entidades de control.
En declaraciones al programa Sin Rodeos, el mandatario afirmó que la operación se habría concretado sin la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas, y que la decisión se tomó en un contexto de discrecionalidad que compromete la transparencia del procedimiento.
Balcázar indicó que la adquisición se definió tras una etapa de selección entre propuestas de Francia, Suecia y Estados Unidos. Según explicó, la decisión final favoreció a la empresa Lockheed Martin, y el contrato se estructuró bajo condiciones de reserva que limitaron el acceso a la información del proceso.
“Cuando se presentó el punto de quiebre y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o americanos, el gobierno de Jerí acordó que ese proceso se termine. Y ahí acuerdan que se debe comprar solamente a los americanos. Los F-16”, aseguró el presidente.
El jefe de Estado afirmó que la compra se formalizó mediante una disposición interna de carácter confidencial, estableciendo que solo las partes involucradas directas conocieran los detalles de la transacción. Este esquema redujo la intervención de los mecanismos habituales de fiscalización, cuestionando la ausencia de un concurso público para una operación de gran magnitud.
El valor total de la operación ascendería a aproximadamente 3,500 millones de dólares. Según lo informado, ya se habría efectuado un adelanto de 462 millones de dólares al fabricante. El mandatario sostuvo que existen márgenes para revisar los términos del contrato, incluso mencionando la posibilidad de reducir la cantidad de aeronaves adquiridas en una eventual renegociación.
Balcázar indicó que el próximo gobierno tendría la facultad de evaluar la continuidad del acuerdo. Señaló que la decisión final podría implicar su validación o modificación. En ese contexto, sostuvo que existen elementos legales que permitirían replantear la operación, y que la revisión dependerá de la evaluación de la nueva gestión estatal.
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