Congreso renueva su flota vehicular con gasto millonario en medio de la crisis
La Mesa Directiva del Congreso de la República convocó la adquisición de 18 vehículos nuevos como parte de la renovación de su flota vehicular, una medida que ha generado fuertes cuestionamientos por el monto involucrado en un contexto de crisis económica.
Detalles de la convocatoria millonaria
De acuerdo a información revelada, el 6 de febrero de este año se dio a conocer el requerimiento titulado «Adquisición de vehículos automotores para la renovación de la flota vehicular del Congreso de la República». La compra incluye 10 vehículos tipo SEDAN, 6 camionetas pickups y 2 SUV, todos de último modelo y 0 kilómetros.

Presupuesto y destinatarios de los vehículos
El presupuesto total asignado asciende a S/5 millones 900 mil, lo que implicaría un costo referencial de hasta S/330 mil por cada unidad. Según el requerimiento, los beneficiados serían los miembros de la mesa directiva y los que se integren con la implementación de la bicameralidad.
La finalidad declarada es «renovar la flota vehicular del Congreso de la República con proyección a la bicameralidad, proporcionando a los dignatarios vehículos en correcto estado de funcionamiento».
Alta gama y compra adicional
Los vehículos deberán ser del año de fabricación 2025 e incluir equipamiento como aire acondicionado, sistemas de sonido, interiores de tela o cuero, tres filas de asientos en algunos modelos y motores de hasta seis cilindros. Las dos SUV estarían destinadas específicamente al traslado de los presidentes de las cámaras legislativas.
La adquisición permitiría que los vehículos empiecen a operar durante la actual gestión de la Mesa Directiva encabezada por Fernando Rospigliosi. Además, el último viernes se concretó la compra de 10 unidades más, cerrando un contrato para los desplazamientos oficiales de la Mesa Directiva.
Justificación y cuestionamientos
Desde el área de Transportes del Parlamento, se indicó que la renovación responde a la necesidad de contar con los vehículos. Sin embargo, se destaca que el Congreso tenía otra vía para acceder a las unidades modernas sin demandar gasto al Estado, lo que profundiza la polémica por este desembolso millonario en un período de ajuste fiscal.