Ampliación de Extradición para Alejandro Toledo por Caso de Corrupción
El Poder Judicial peruano ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos la ampliación del proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, con el objetivo de que sea juzgado en el Perú por el caso ‘Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur’.
Decisión Judicial y Fundamentos
El juez Richard Concepción Carhuancho admitió el pedido del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, mediante una resolución emitida el 24 de septiembre. Esta decisión busca que la justicia estadounidense autorice el juzgamiento de Toledo por este caso específico.
La resolución judicial señala que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos: identifica precisamente al extraditable, detalla los hechos imputados, establece una calificación jurídica clara, indica la pena aplicable y presenta elementos de convicción suficientes.
- No concurren causales de rechazo como delitos de naturaleza política o persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política.
- No existe pena de muerte involucrada.
- La acción penal no ha prescrito y se cumple con el principio de doble incriminación.
Acusaciones y Pena Solicitada
El Equipo Especial de la Fiscalía ha solicitado una pena de 24 años y 8 meses de prisión para Alejandro Toledo, acusándolo de los presuntos delitos de colusión y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado. Además, se le impuso prisión preventiva por 30 meses en el marco de este proceso penal.

Evidencias del Soborno y Conexiones
La Fiscalía sostiene que Toledo recibió un soborno de la constructora brasileña Camargo Correa para favorecerla en la adjudicación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur. Entre las evidencias clave se encuentran:
- Correos electrónicos incautados a Marcos de Moura Wanderley que hacen referencia al soborno.
- Depósitos identificados en las cuentas de Josef Maiman provenientes de una empresa ‘off shore’ vinculada a compañías brasileñas.
El juez Carhuancho ordenó remitir el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y notificar la decisión a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación para los trámites correspondientes.