Resolución judicial mantiene imputaciones por crimen organizado
El Poder Judicial rechazó el recurso de excepción presentado por Zenovia Herrera, exjefa del programa Qali Warma en San Martín, confirmando que Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y los demás integrantes de la presunta organización criminal «Los Waykis en la Sombra» continuarán siendo procesados por el delito de crimen organizado.

Marco legal y alcances de la investigación
La resolución judicial mantiene vigentes las imputaciones bajo la Ley 32138, aprobada por el Congreso en octubre de 2024. Según las pesquisas, Nicanor Boluarte habría liderado esta red que ejercía control sobre funcionarios públicos para influir en nombramientos de subprefectos y prefectos en regiones como:
- Lima
- Apurímac
- Puno
- Junín
- Ica
- Cusco
- San Martín
- Cajamarca
Argumentos de la defensa y contundente respuesta fiscal
La defensa de Herrera solicitó el archivo del delito de organización criminal argumentando aplicación de la Ley 32108 (pena mínima de seis años) en lugar de la Ley 32138 (cinco años). También pidió descartar tráfico de influencias alegando que Boluarte no era funcionario público.
El Ministerio Público rechazó estos planteamientos, señalando que la Quinta Sala de Apelaciones ya había determinado la aplicación de la Ley 32138. La fiscalía fundamentó que el delito de cohecho pasivo propio (pena mínima de cinco años) cumple los requisitos para configurar crimen organizado.
Rol clave de funcionario implicado
La investigación identifica a Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno del Interior, como presunto receptor de influencias ilegales en su calidad de funcionario público encargado de las designaciones.
«La Procuraduría Anticorrupción respaldó la posición fiscal, subrayando que la estructura criminal buscaba cometer delitos con penas superiores a cinco años»