El Poder Judicial dispuso que el partido político Fuerza Popular sea incorporado “como persona jurídica” en el proceso penal que se sigue contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el denominado caso Alas Peruanas.
La jueza Margarita Salcedo adoptó dicha medida tras declarar “fundado” el requerimiento formulado por la Fiscalía de lavado de activos a cargo del caso, el pasado 30 de abril de 2025. Mediante este, se solicitó la incorporación del partido como persona jurídica en el proceso penal.
En una audiencia previa, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el requerimiento fiscal sea declarado “improcedente”, argumentando la ausencia de una imputación concreta y que, debido a seis versiones defectuosas del Ministerio Público, no se puede establecer si el partido habría favorecido o encubierto presuntos actos de lavado. Además, sostuvo que el plazo de la investigación preparatoria venció el 5 de mayo de 2025, por lo que consideró que la incorporación posterior vulnera el derecho a la defensa.
Sin embargo, la jueza Salcedo declaró “infundada” la oposición, al constatar que el pedido fiscal se presentó dentro de la etapa procesal correspondiente y que su tramitación se retrasó por reiteradas recusaciones contra los jueces formuladas por los investigados.
Mediante una resolución emitida el 15 de diciembre de 2025, la magistrada señaló que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos para que su requerimiento sea admitido. Asimismo, dispuso que el órgano social de la persona jurídica Partido 2011 (hoy Fuerza Popular) designe un apoderado judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que se designe uno por el Despacho.
La tesis fiscal plantea la investigación de una presunta organización criminal y señala que, al interior de Fuerza Popular —cuyo objetivo era alcanzar el poder político en el Ejecutivo—, se habrían recibido aportes ilícitos de diversas fuentes, en particular aquellos que tendrían como origen las empresas de Joaquín Ramírez y presuntas actividades comerciales ilícitas vinculadas a la Universidad Alas Peruanas, entre otros hechos.
El fallo judicial marca un precedente en la investigación de delitos económicos que involucran a entidades políticas en Perú.
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