Iniciativa busca cerrar brechas en el sistema de justicia peruano
La Corte Suprema del Perú prepara una propuesta legislativa que permitirá a los gobiernos regionales y municipales financiar de manera permanente proyectos destinados a mejorar la infraestructura del servicio de justicia en todo el país.

Encuentro histórico entre autoridades judiciales y políticas
La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, reveló esta iniciativa durante el I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Fortalecer el Sistema de Justicia. Este evento marcó un hito al congregar, por primera vez, a magistrados de la Corte Suprema con gobernadores regionales y alcaldes de múltiples corrientes políticas.
El objetivo central fue establecer compromisos concretos y vinculantes orientados a cerrar las brechas que afectan la administración de justicia en las distintas regiones del territorio nacional.
Inversión que trasciende lo jurídico
La magistrada Tello Gilardi enfatizó que destinar recursos públicos a la construcción y mejoramiento de instalaciones judiciales genera impactos positivos que van más allá del ámbito jurídico.
“Cuando un gobierno regional o local invierte en infraestructura judicial es un dos más dos que fortalece la seguridad ciudadana, combate a la criminalidad, genera confianza institucional, impulsa el desarrollo local y, por supuesto, garantiza la tutela jurisdiccional efectiva”, declaró la presidenta del Poder Judicial.
Según su visión, existe una relación directa entre la calidad de las instalaciones judiciales y la capacidad del Estado para responder efectivamente ante la delincuencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De una facultad temporal a una herramienta permanente
La propuesta del Poder Judicial busca extender sin límite temporal lo que actualmente establece la Ley 32513 del Presupuesto del Sector Público. Esta norma faculta a los gobiernos subnacionales para intervenir en favor del aparato judicial, pero únicamente durante el ejercicio fiscal 2026.
- Ley actual: Permite que regiones y municipios participen desde el diseño hasta la construcción de infraestructura judicial, pero la autorización expira al finalizar el año 2026.
- Nueva iniciativa: Convertir esta facultad temporal en una herramienta permanente de política pública, institucionalizando la colaboración entre el Poder Judicial y los gobiernos territoriales.
Esta legislación permitiría a las administraciones locales y regionales ser actores clave en el fortalecimiento del sistema de justicia, asegurando una inversión continua y sostenida en infraestructura crítica para el país.