Poder Judicial ordena juicio oral contra Víctor Polay por atentado terrorista
El Poder Judicial peruano ha validado la acusación fiscal y abierto la etapa de juicio oral contra el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, junto a cinco cómplices, por el ataque terrorista perpetrado en mayo de 1989 contra el bar Las Gardenias en Tarapoto, región San Martín.

Fallo judicial: alta probabilidad de condena
El magistrado Fernando Valdez emitió su fallo el 15 de enero, tras evaluar pruebas fiscales, demandas civiles y argumentos defensivos. Concluyó que existe sospecha fundada y alta probabilidad de condena por los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado en contexto de violaciones a derechos humanos.
La decisión declara saneado el proceso y ordena trasladar el expediente con todos los medios probatorios al Juzgado Penal Colegiado Nacional para fijar la fecha del juicio oral.
Acusados y penas solicitadas por la Fiscalía
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos reclama cadena perpetua contra los siguientes imputados:
- Víctor Polay Campos – líder del MRTA
- Lucero Cumpa
- Peter Cárdenas
- Alberto Gálvez
- Lino Manrique
- Sistero García
Además, se solicitan las siguientes sanciones y reparaciones:
- Multa equivalente a 365 días de remuneración (S/ 3,434.65)
- Inhabilitación pública indefinida
- Reparaciones solidarias: S/ 100,000 por cada víctima fatal del atentado contra la comunidad LGBTI
- S/ 3 millones al Estado por daños al orden público hasta 1992
Contexto del caso y situación procesal
El atentado contra el bar Las Gardenias ocurrió en 1989 y fue dirigido contra la comunidad LGBTI, dejando víctimas fatales y heridos. Este caso revive los crímenes del MRTA en la selva durante la década de los 90.
Actualmente, Víctor Polay permanece recluido bajo prisión preventiva de 18 meses hasta junio de 2027, específicamente por este caso. Sus coimputados figuran como no habidos en el proceso penal.
¿Qué sigue en el proceso?
El Juzgado Penal Colegiado Nacional deberá ahora coordinar y fijar la fecha para el inicio del juicio oral, donde se presentarán las pruebas y testimonios que determinen la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Este caso marca un hito en la lucha contra la impunidad de los crímenes de terrorismo y violaciones a los derechos humanos en Perú.