El Poder Judicial declaró “improcedente” la solicitud de medida cautelar presentada en favor del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. El pedido tenía como objetivo suspender los efectos de la acusación fiscal que exige cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades en la presentación de información financiera de su partido ante la ONPE.
La jueza constitucional de Lima, Malbina Saldaña, desestimó el pedido presentado por Tomás Soldevilla, quien buscaba suspender de forma inmediata la acusación fiscal formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima-Rímac-Breña-Jesús María. La solicitud pretendía que la medida se mantuviera vigente mientras se resuelve el hábeas corpus interpuesto por Soldevilla, el cual solicita la nulidad de la acusación y de la citación a la audiencia de control realizada el 27 de mayo.
“No resulta adecuado establecer la suspensión de los actos referidos en la presente demanda, hasta que se resuelva en definitiva la presente demanda”, señaló la magistrada en su resolución del 15 de mayo.
La magistrada indicó que los argumentos presentados deberán ser analizados al momento de resolver el fondo del proceso, y que la suspensión no procede hasta que se determine si los actos fueron efectuados con arreglo a ley o en vulneración del debido proceso.
Frente a esta decisión, Tomás Soldevilla interpuso un recurso de apelación. La jueza Saldaña lo concedió con “efecto suspensivo” el pasado 28 de mayo, remitiendo el caso a la Tercera Sala Constitucional de Lima, que deberá evaluarlo y emitir un pronunciamiento en los próximos días.
El 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán dictó el auto de enjuiciamiento que da paso a la etapa de juicio oral contra Roberto Sánchez por la investigación relacionada con este caso. La defensa argumenta que la acusación presenta insuficiencia probatoria y que la pena solicitada es desproporcionada, implicando una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos.
El caso sigue en desarrollo, mientras la defensa insiste en la vulneración de derechos políticos y electorales del excongresista, así como del principio de legalidad penal.
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