Perú: Tribunal Constitucional ordena revisión de protocolos policiales tras allanamiento en San Marcos

Portada de periódico sobre decisiones judiciales
Ilustración: Portada de periódico sobre decisiones judiciales (referencial)

Fallo histórico cuestiona operativo en universidad

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo determinante que exige al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú (PNP) modificar sus protocolos operativos, tras las detenciones masivas registradas el 21 de enero de 2023 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Detenciones declaradas inconstitucionales

El tribunal determinó que las 192 detenciones realizadas durante el operativo policial vulneraron derechos fundamentales al realizarse sin presencia de un representante del Ministerio Público. El fallo se produjo en el expediente 02370-2023-PHC/TC, que acogió el habeas corpus presentado por Madeleine Moral Castro y otros contra el entonces comandante general de la PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, y el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.

Fundamentos jurídicos del pronunciamiento

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse recordó que el artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución establece:

«Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito»

, subrayando que las detenciones en San Marcos incumplieron este precepto.

Doctrina sobre límites policiales

El magistrado César Ochoa Cardich calificó la intervención como «violenta e irregular», destacando que este fallo establece precedentes sobre los límites de la actuación policial y reafirma la protección al derecho a la protesta pacífica.

Repercusiones institucionales

La Sala Segunda, integrada por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Gustavo Gutiérrez Ticse y César Ochoa Cardich, remitió el caso al Ministerio Público y a la Inspectoría General de la PNP para las investigaciones correspondientes. El tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de evitar la repetición de estos hechos en un Estado Constitucional de Derecho.

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