Fiscalía Logra Incautación de Bienes por S/2.8 Millones
La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima ha logrado una victoria significativa en la lucha contra el financiamiento del terrorismo al recuperar cuatro propiedades vinculadas a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta acción se enmarca en la investigación conocida como ‘caso Artemio’.

Detalles de las Propiedades Recuperadas
Los inmuebles, valorizados en un total de S/2 853 952.67, pasarán a formar parte del patrimonio del Estado peruano. La investigación, dirigida por la fiscal adjunta Cecilia Pérez Breña, determinó la procedencia ilícita de estos bienes, adquiridos con fondos de actividades criminales de terrorismo y lavado de activos.
- Ubicación: Tres propiedades en el distrito de Ventanilla y una en San Martín de Porres.
- Valor Total: S/2 853 952.67.
- Autoridad a cargo: Fiscal adjunta Cecilia Pérez Breña.
Origen Ilícito y Figuras Involucradas
Propiedades en Ventanilla
Los tres inmuebles ubicados en Ventanilla fueron comprados por José Villanueva, quien ya fue condenado por los delitos de terrorismo y lavado de activos. La Fiscalía demostró que Villanueva recibió dinero del cabecilla senderista Florindo Flores Hala, conocido como ‘Artemio’, líder de la facción terrorista que operaba en el Alto Huallaga.
Edificio en San Martín de Porres
Este caso presenta una maniobra diferente. El edificio fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por lavado de activos proveniente del narcotráfico, a favor de su hijo Jordán Poma. La operación se realizó mediante un anticipo de herencia con la clara intención de esconder el bien de las autoridades judiciales.
Marco Legal y Tratados Internacionales
La sentencia refleja la efectividad de los tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena.
«Estos instrumentos jurídicos permiten al Estado recuperar bienes adquiridos con ganancias ilícitas del terrorismo y narcotráfico, garantizando que los responsables de graves delitos no se beneficien económicamente de sus actividades criminales», se desprende del fallo.
Esta acción representa un golpe significativo a las estructuras financieras del narcoterrorismo y refuerza el compromiso del Estado peruano en la recuperación de activos de origen ilícito.