Perú Propone Revisión de la Convención de Caracas sobre Asilo Político

Gobierno Peruano Cuestiona Uso Indebido del Derecho de Asilo

El Gobierno del presidente José Jerí se pronunció ayer sobre el salvoconducto solicitado por la embajada de México para permitirle a la expremier Betssy Chávez viajar al país vecino en su calidad de «asilada política».

Decisión sobre el Salvoconducto

La Cancillería optó por no conceder ni negar el recurso, sino realizar un pedido en fueros internacionales para revisar la Convención de Caracas (1954), firmada por veinte países, que regula la condición de un asilado. Solo después de ello, se adoptará una decisión.

Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre la revisión de la Convención de Caracas

Documento oficial que aborda la solicitud de salvoconducto y la revisión de la convención.

Análisis Jurídico y Evolución Negativa

Torre Tagle emitió un comunicado indicando que se realizó un análisis de la solicitud de México «no solo al interior de la entidad, sino también con expertos juristas de la región». Según detalló, se concluyó que desde la adopción de la Convención de Caracas, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), «se ha producido una evolución negativa en su práctica internacional».

  • Problema identificado: Uso indebido de la norma para calificar delitos comunes como casos de persecución política.
  • Objetivo del gobierno: Evitar que se desnaturalice la esencia de la convención.

Malestar y Rechazo Oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Hugo de Zela, expresó «su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado». Remarcó que se ha brindado la facultad «a quienes no sufren persecución, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes».

Policías uniformados frente a la embajada de México en Perú

Medidas de seguridad en la embajada de México relacionadas con el caso de asilo.

Propuesta de Modificación y Proceso Urgente

La institución planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas. El objetivo es «evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo». Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros, y las gestiones «se llevarán a cabo de manera muy urgente».

Solo culminado este proceso, el Gobierno peruano decidirá si otorga o no el salvoconducto.

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