La Comunidad Andina (CAN) ha determinado que el Estado peruano incumplió las obligaciones adquiridas con la Decisión 774, referida a la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, ordenando una serie de medidas correctivas.
El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por la Coordinadora Nacional de Comunidades del Nanay y siete ciudadanos de la región Loreto, quienes alegaron que el Perú no ha implementado las normas andinas destinadas a combatir la minería ilegal.
Los demandantes señalaron que, en lugar de aplicar políticas para enfrentar esta actividad ilícita, el Estado facilitó la continuidad del daño ambiental en la cuenca del Nanay.
Mediante el Dictamen 007-2025, publicado en la Gaceta Oficial N-°5697, la Secretaría General de la CAN estableció que Perú incurrió en incumplimiento al no adoptar medidas necesarias para garantizar la prevención y control de la minería ilegal.
La CAN exigió al Perú ajustar su marco legal a la normativa comunitaria y abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen la formalización o regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional.
«El Perú debe garantizar la prevención y control de la minería ilegal conforme a la Política Andina», señaló la resolución.
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