El Gobierno peruano promulgó la Ley 32326, modificando el Decreto Legislativo 1373, que establece nuevas restricciones para la extinción de dominio. Esta norma solo permitirá confiscar bienes de origen ilícito cuando exista una sentencia judicial firme, generando críticas del Poder Judicial y el Ministerio Público.
En estos últimos casos, los procesos no pueden suspenderse y se rechazan solicitudes de paralización.
La acción prescribe a los 5 años tras la sentencia definitiva. Además, la indagación patrimonial es reservada, aunque se notifica al implicado para garantizar su derecho a defensa.
Como muestra el mapa, Perú se une a países latinoamericanos que aplican esta figura legal, aunque con particularidades en su implementación:
«La ley busca equilibrar la lucha contra el crimen con garantías procesales»
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