Periodistas peruanos bajo fuego: Denuncias penales como herramienta de intimidación

Fiscalía investiga a 12 periodistas en medio de denuncias por funcionarios

La labor periodística en Perú enfrenta una amenaza judicial sin precedentes: 12 periodistas actualmente son investigados por la Fiscalía tras denuncias interpuestas por funcionarios públicos. Los casos incluyen acusaciones de reglaje, acoso, violación de domicilio y pertenencia a organización criminal, figuras que expertos califican como instrumentalización del sistema legal para amedrentar a la prensa.

Pronunciamiento del Colegio de Periodistas rechazando denuncias contra Mónica Delta

Comunicado oficial del Colegio de Periodistas del Perú rechazando denuncias contra periodistas

Casos emblemáticos de persecución judicial

  • Juan José Santiváñez (exministro del Interior) denunció por reglaje a Mónica Delta y equipo de Latina Televisión tras revelar sus reuniones con autoridades.
  • Marita Barreto (fiscal suspendida) acusó a Milagros Leiva y equipo de Willax TV de banda criminal por investigar su patrimonio.
  • Periodistas Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz investigados por tráfico de datos personales vinculados al caso Alberto Otárola.

Expertos denuncian abuso de poder

Rodrigo Salazar, director del Consejo de Prensa Peruana, alerta sobre la «instrumentalización de la ley para perseguir periodistas con figuras descabelladas». Cuestiona especialmente que la denuncia de Barreto se admitiera en una Fiscalía especializada en violencia contra la mujer:

«Es utilizar la figura femenina para tener inmunidad, como si por ser mujer no se le puede criticar»

El penalista Andy Carrión sostiene que estos procesos son «medidas de amedrentamiento»: «La prensa tiene el deber de indagar el patrimonio de funcionarios que sustentan su nivel de vida con nuestros impuestos».

Rechazo unánime del gremio periodístico

El Colegio de Periodistas de Lima, la Federación de Periodistas del Perú y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) han expresado enérgico rechazo: «Basta de ataques a la prensa. El sistema de justicia no debe avalar estas prácticas».

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