ONPE desembolsa más de S/ 624 mil para defensa legal de Piero Corvetto
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la utilización de recursos públicos para financiar la defensa legal de su exjefe, Piero Corvetto, mediante dos desembolsos que en total superan los 624 mil soles a favor del estudio de abogados Arbizu y Gamarra.

Los dos desembolsos aprobados por la ONPE
De acuerdo con resoluciones internas y el Acta de Admisión N° 08-2026-FUNC-ONPE, difundidas por el abogado David Dumet en el programa “Al revés y al derecho”, el primer pago fue de 100 mil soles, autorizado en abril de 2026; el segundo corresponde a 524 mil soles, cuyo procedimiento administrativo se concretó el 22 de julio.
- Primer pago: S/ 100,000 en abril de 2026.
- Segundo pago: S/ 524,000 el 22 de julio.
- Beneficiario: Estudio de abogados Arbizu y Gamarra.
Resolución de Secretaría General N° 71-2026-SG
La Resolución de Secretaría General N° 71-2026-SG, firmada por el actual jefe interino de la ONPE y ex gerente general de la entidad en la gestión de Corvetto, Bernardo Pachas, aprueba un procedimiento de selección no competitivo para la contratación del “Servicio de Defensa Legal para el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas-FUNC 2026”, bajo el supuesto de servicio especializado de asesoría legal.
“Servicio de Defensa Legal para el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas-FUNC 2026”
¿Qué cubre la defensa legal de Piero Corvetto?
El beneficio de defensa legal cubre la etapa preliminar y la etapa preparatoria de los procesos penales y administrativos abiertos al exjefe de la ONPE por las fallas logísticas y presuntas irregularidades en la organización de las Elecciones Generales 2026. Este respaldo se sustenta en la normativa que permite a funcionarios acceder a defensa financiada por la entidad cuando las investigaciones están vinculadas a sus funciones.
Congreso en alerta: piden control a la Contraloría
Aunque este es un beneficio para altos funcionarios del Estado, el pago para la defensa de Corvetto no ha pasado inadvertido en el Congreso. El diputado Aldo Bravo, de Renovación Popular, solicitó a la Contraloría que realice acciones de control al respecto. También cursó un oficio a la ONPE para pedir información sobre los criterios usados para su aprobación.
El caso sigue generando controversia en la escena política peruana.