Desde el 22 de abril, entra en vigencia la polémica modificación a la Ley de Contrataciones Públicas que flexibiliza las normas para que familiares de congresistas puedan participar en procesos estatales. La reforma fue aprobada con amplia mayoría en el Pleno del Congreso tras un intenso debate de 90 minutos.
«Esto debilita los controles anticorrupción»
– Especialistas en Cuarto Poder
Los legisladores argumentan que no existe conflicto de interés, ya que sus familiares «solo estarían impedidos de contratar con el Legislativo». Sin embargo, expertos señalan que la redacción ambigua podría favorecer el tráfico de influencias.
La norma ya fue publicada en el diario oficial y reglamentada, por lo que su aplicación es inminente. Organizaciones civiles anunciaron vigilancia extrema a los primeros procesos de contratación bajo este nuevo marco legal.
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