La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, reveló que el Gobierno no cumplió con el plazo de cinco años establecido por el Tribunal Constitucional (TC) para resolver el crítico hacinamiento en las cárceles peruanas.
En mayo de 2019, el TC declaró en «estado de cosas inconstitucional» la situación carcelaria, exigiendo medidas urgentes. Sin embargo, el exministro de Justicia Eduardo Arana admitió avances mínimos, pese a promesas de redistribución penitenciaria.
El proyecto, diseñado para albergar a 3.168 reos, requiere S/630 millones. Desde 2019, solo se han reactivado obras parciales, evidenciando falta de prioridad estatal.
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