Ministerio de Transportes aclara situación de contratos viales estratégicos
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado oficial negando que ningún funcionario designado por la actual gestión ministerial haya suscrito contratos con empresas de origen chino para tres proyectos viales estratégicos en Áncash, Pasco–Huánuco y Tacna.

Detalles de la firma y los responsables
Según la cartera, todos los contratos de obra fueron suscritos por el jefe de la Oficina General de Administración (OGA) de Provías Nacional y por su entonces Director Ejecutivo, ambos funcionarios de confianza de la gestión anterior. Estas designaciones se realizaron en agosto de 2025, mediante resoluciones directorales y ministeriales emitidas en el periodo previo a la actual administración del sector.
“El hecho de que los contratos hayan sido firmados responde a decisiones adoptadas antes de la actual gestión. Ningún funcionario hoy en funciones participó en la suscripción de contratos con empresas chinas”, precisó el sector.
Contexto legal y acciones judiciales
El MTC recordó que los contratos fueron suscritos por mandato judicial, resoluciones que actualmente se encuentran impugnadas por la Procuraduría Pública del ministerio, en defensa de los intereses del Estado. Asimismo, indicó que los magistrados que emitieron dichas resoluciones han sido puestos en conocimiento de los órganos competentes del Poder Judicial.

Medidas de control y transparencia implementadas
- Solicitud a la Contraloría: El sector solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control sobre los contratos, en especial el proyecto de la carretera Boca del Río–Tacna.
- Medidas correctivas: El Viceministerio de Transportes dispuso que la nueva Dirección Ejecutiva de Provías Nacional adopte medidas correctivas inmediatas para garantizar la continuidad, eficiencia y transparencia en la ejecución de las obras.
Esta serie de acciones forma parte de una política de transparencia activa anunciada por el actual equipo del MTC, buscando deslindar responsabilidades y asegurar la legalidad en los procesos contractuales del Estado.